LLAMENOS al  952 257 351| 686 851 080

 Sinegroup Abogados Málaga   

Arroyo de la Miel   Torremolinos   Fuengirola   Ronda   Marbella 

Noticias

PIDEN LA LIBERTAD DE UN PRESO EN RIESGO DE CONTAGIO POR CORONAVIRUS

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga ha rechazado decretar la libertad provisional para un preso, que lleva diez meses en prisión preventiva, una solicitud que partió de su defensa, la abogada Victoria Bautista, basada en la posibilidad de que este interno pueda contagiarse de coronavirus en la cárcel.

Dice la juez que el fiscal ha pedido penas para el reo que suman más de cinco años de cárcel (delitos de pertenencia a un grupo criminal, robo continuado con fuerza en las cosas y receptación) y recalca que "no hay riesgo de fuga debido al estado de alarma en que nos encontramos", puesto que las medidas de prohibición de abandonar el territorio nacional parten de la premisa el estricto cumplimiento del decreto del Gobierno por el covid-19.

"En cuanto a que la prisión de Alhaurín de la Torre ha suspendido los vis a vis y las actividades organizadas por personal externo, la permanencia injustificada y demorada del ingreso en prisión de mi cliente puede derivar en un trastorno de ansiedad o crisis de pánico, teniendo en cuenta que ahora mi patrocinado no puede ver a sus hijos, a su mujer o a sus familiares más cercanos con los que tenía contacto semanal –explica la abogada en su recurso, a quien cita la juez en sus reflexiones del auto–, no existe ninguna razón médica que lleve a creer que fuera del centro penitenciario el riesgo de contraer el virus es inexistente o menor", dice la juez, quien añade que se han suspendido precisamente los vis a vis y las actividades organizadas por personal externo para preservar la salud de los internos.

"Por último, y compartiendo la dificultad de sobrellevar el hecho de no ver a los familiares durante el estado de alarma, por desgracia es la misma situación a la que todos nos vemos avocados durante esta difícil situación a fin de preservar la propagación del virus", recalca la juez.

La abogada, en el recurso presentado, destaca "la parquedad del auto", afirma que no está suficientemente motivado e insiste en que hay riesgo de contagio en prisión por coronavirus. "No existe riesgo de fuga, teniendo en cuenta el estado de alarma en el que nos encontramos por el Covid-19 y por el cual se encuentran cerradas las fronteras con países vecinos de Francia y Portugal desde el pasado 17 de marzo", dice Victoria Bautista en su recurso.

"En este caso, ahora más que nunca a causa de la pandemia, existiendo medios alternativos como el control telemático y la prisión domiciliaria, no se puede mantener a nadie en prisión con el grave riesgo objetivo de verse afectado por el coronavirus y una posible derivación a su afectación por fallecimiento. Y es más, tanto el control telemático como la prisión domiciliaria, ya solicitada por otros letrados como medida alternativa entre los que se encuentra el abogado del conocido Villarejo, son igualmente efectivas ante la prisión provisional y resultan mucho menos gravosas en la situación en la que nos encontramos y más para mi cliente, el cual tiene hijos pequeños y una familia que lo necesita y requiere permanecer con ellos", consta en el auto de la letrada, quien insiste en que su patrocinado trabajaba como vendedor de coches, ha permanecido en España durante más de 10 años y tiene vivienda en la capital junto a su madre, esposa e hijos. "Simplemente, el hecho de que tenga antecedentes penales anteriores, no computables a efectos de reincidencia, y no se haya sustraído a la acción de la Justicia es determinante para asegurarnos de que, si no se ha fugado antes, no lo hará ahora".

CORONAVIRUS: RECHAZAN EXCARCELAR A UN HOMBRE EN RIESGO DE CONTAGIO

El Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella ha rechazado decretar la libertad provisional de un preso de 63 que se encuentra interno en Alhaurín de la Torre, ello pese a estar en la cárcel por un delito contra la salud pública, "se encuentra entre los perfiles de riesgo de fallecer por coronavirus" y ser imposible huir, dice la abogada Victoria Bautista en su escrito, por estar decretado el estado de alarma.

Así, recuerda la abogada que el 8 de agosto de 2019 se acordó la medida de prisión comunicada y sin fianza al considerarse que existía riesgo de fuga al ser extranjero y carecer de arraigo en España. "Pese a la inexistencia de indicio alguno que indique que mi cliente tuvo participación en los hechos enjuiciados en la presente causa, tras siete meses continúa en prisión a pesar de que se encuentra entre los perfiles de riesgo de fallecer por coronavirus, potencial paciente vulnerable por su avanzada edad y se han detectado varios contagios en ese centro".

Asimismo, añade la letrada, "no existe riesgo de fuga, teniendo en cuenta el estado de alarma en el que nos encontramos". "No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la patología psiquiátrica y que el centro ha suspendido los vis a vis y actividades organizadas por personal externo y requiriendo mi cliente atención psicológica por su patología de trastorno de ansiedad y crisis de pánico, el centro no es el mejor lugar donde debe permanecer", dice la letrada.

En su escrito, la abogada insiste en que "se trata de la libertad de una persona y en este caso no se ha cumplido la constante y pacífica jurisprudencia que exige un especial celo en la motivación del auto", y aclara que su cliente tiene 63 años, se encuentra entre los casos de alto riesgo por contagio de coronavirus "que pueden llevar a su muerte inminente", no hay riesgo de fuga por el estado de alarma, no tiene antecedentes penales y "no existe participación alguna de mi mandante en los hechos enjuiciados, teniendo en cuenta que alquiló su vehículo a un holandés", no hubo intención en ello y "no existe transacción previa dineraria que acredite el tipo delictivo por el que se le investiga". Reclama que se sustituya la prisión preventiva por la libertad provisional con retirada del pasaporte, la pulsera telemática, una fianza o comparecencia apud acta.

La juez, en su auto, afirma que se mantienen los requisitos que fueron tenidos en cuenta a la hora de dictar el auto de prisión, sin que la situación del investigado haya variado de forma sustancial y apreciable que motive un cambio de medida cautelar, ya que "la función garantista que cumple la prisión provisional es de plena aplicación al caso, al tratarse de un presunto delito contra la salud pública, que puede llevar aparejada pena de hasta cuatro años y seis meses de prisión, y que existen de lo actuado indicios suficientes de criminalidad contra el investigado y que persiste el riesgo de que, de ser puesto en libertad, se sustraiga a la acción de la justicia, al ser un ciudadano extranjero sin arraigo en nuestro país".

CONDENAN A LOS PORTEROS DE LA DISCOTECA MALAVIDA DE MARBELLA POR PEGAR UNA BRUTAL PALIZA A UN CLIENT

Ocurrió a las 7.00 horas de la mañana del 11 de enero pasado. Francisco José F. G. acudió a una discoteca de Marbella para disfrutar junto a unas amigas de una noche de copas. La madre de una de ellas celebraba su cumpleaños, pero cuando la fiesta estaba a punto de acabar, fue agredido «brutalmente» por dos porteros del negocio, según consta en la denuncia, presentada en el juzgado de guardia de la localidad costasoleña.

En ese escrito de denuncia, la letrada del perjudicado, Victoria Bautista, asegura que se habrían cometido los presuntos delitos de lesiones físicas –con la agravante de ensañamiento– y de amenazas. Los hechos no sólo se dirigen contra tres de los vigilantes de seguridad, sino contra el propio negocio como responsable civil subsidiario.

Así, en la denuncia la abogada aclara que su cliente acudió a la discoteca para celebrar el cumpleaños de la madre de una de sus amigas, y para ello pagó religiosamente la entrada de 20 euros. «Todo transcurrió con normalidad hasta que sobre las siete de la madrugada del 11 de enero de 2015, uno de los vigilantes de la discoteca, sin mediar palabra, agredió brutalmente a Francisco F. G., llevándolo a golpes de puñetazo hasta la salida del recinto», refleja la letrada.

Bautista describe, además, de forma detallada los hechos en la denuncia: «Aún dentro de la discoteca, el vigilante comenzó agarrando a mi representado del cuello con tal ensañamiento que le rompió la cadena de oro macizo que llevaba, posteriormente le propinó varios puñetazos en la barbilla, en la cabeza, y en la región lumbar, tirándolo al suelo».

Luego, el mismo vigilante y un segundo comenzaron a darle «patadas, mientras un tercer seguridad únicamente observaba sin evitar los hechos». Una vez en la puerta del negocio, y siempre según refleja la abogada en su escrito, «un cuarto vigilante amenazó a mi representado con la condición de que, si denunciaba los hechos, le haría daño él también».

El perjudicado, consta en un parte de lesiones, sufrió lesiones en la cabeza, el cuello y la región lumbar que «le han provocado secuelas de tal envergadura que se encuentra impedido para desempeñar las labores propias de su empleo como funcionario».Ahora, recibe tratamiento y usa un collarín para sanar sus heridas en el cuello.

La letrada añade que su cliente no ha sido el único protagonista de hechos similares, sino que aporta junto a la denuncia un pantallazo de la página de Facebook del local en el que se encuentran comentarios de otros usuarios de la discoteca que relatan «el trato degradante y lesivo» de algunos de los profesionales.

La letrada reclama que su patrocinado sea examinado por un médico forense. También aporta fotos de algunos de los supuestos agresores y reclama los daños por las lesiones y sus secuelas. Asimismo, pide que se dé traslado del hecho al propietario de la discoteca para que identifique a los tres trabajadores denunciados, diga qué compañía asegura el negocio y la autorización administrativa del Ministerio del Interior que habilita a los tres vigilantes como personal de seguridad privada.

EXCARCELAN A UN HOMBRE POR INTENTO DE HOMICIDIO EN TORREMOLINOS

LA DEFENSA LETRADA VICTORIA BAUTISTA ALEGA  QUE LOS TESTIGOS Y UNA GRABACIÓN SITÚAN AL IMPUTADO EN SU CASA AL MOMENTO DE LOS HECHOS

Todo sucedió el sábado, 13 de septiembre de 2014, en una vivienda de la avenida de los Manantiales, de Torremolinos. Una mujer finlandesa de 68 fue brutalmente asaltada en el ascensor de su edificio, desposeída de sus joyas y brutalmente golpeada. La paliza le dejó graves secuelas, como fracturas en la cara y hematomas. La policía detuvo a dos hombres, entre ellos un rumano, cuyas iniciales son F. R., pero el Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad costasoleña ha dejado a éste en libertad bajo fianza tras solicitarlo en varias ocasiones su abogada defensora, Victoria Bautista García.

La abogada, en uno de sus escritos, aporta diversos argumentos para defender la inocencia de su defendido. No es que su patrocinado no participase en la agresión, sino que, según ha tratado de probar, ni siquiera estaba allí cuando tuvo lugar la brutal paliza.

El suelo del ascensor presentaba un aspecto dantesco tras la agresión, con las pertenencias de la víctima desperdigadas por el suelo.

En su escrito, Victoria Bautista rechaza que a su cliente se le imputen un delito de robo con violencia y otro de homicidio en grado de tentativa o de lesiones graves. «No existe indicio alguno por el que se deduzca la participación de don F. R. en los hechos enjuiciados por este juzgado», precisa en el documento.

Así, aduce un vídeo de la cámara de seguridad del vestíbulo del edificio, «donde se visualiza a mi representado entrando en el portal de la vivienda donde reside, exactamente a las 20.52 horas», lo que demuestra la grabación, y a las 20.53 llega a la quinta planta, donde vive, todo ello el mismo 13 de septiembre de 2014.

«De esta prueba deducimos que mi cliente no tuvo participación en los hechos que se enjuician en esta causa, puesto que los mismos ocurrieron a las 21.20 horas, en un edificio ubicado a un kilómetro de donde se encontraba mi representado».

En ese escrito, la jurista indica que en el tramo de tiempo que va de las 20.53 horas hasta las 21.20, «mi cliente estaba durmiendo en su vivienda». Así, aporta varios fotogramas del vídeo para acreditar lo que defiende.

Asimismo, este argumento de la abogada no sólo se sustenta en las imágenes, sino que la misma tarde noche, el procesado se encontró con su vecina en el portal, y entraron juntos a las 20.52.34 horas, lo que quedó también grabado, y ha sido corroborado por la propia vecina en sede judicial.

Asimismo, la perjudicada reconoció, sin lugar a dudas, en una rueda de reconocimiento al supuesto autor de los hechos, a quien describió como «un individuo masculino, de 1,83 de altura, de complexión fuerte» y de origen búlgaro. La víctima, «el 31 de octubre de 2014, reconoce sin ningún género de duda» a otro individuo que no es su cliente.

Varios testigos, por ejemplo el hermano del imputado, aseguran que éste llegó borracho la tarde de los hechos, alrededor de las 20.45 horas, y luego se puso directamente a dormir. Por todo ello, reclama que se sobresean las actuaciones contra su representado, dado que se trata de una persona inocente, reseña.

El TS reconoce como delito difundir imágenes que afecten a la intimidad de una persona.

Constituiría un delito de decubrimiento y revelación de secretos del art. 197.7 CP la difusión de imágenes que afecten la intimidad de una persona, aunque hayan sido obtenidas con el consentimiento de la víctima.

 

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

Sede: Madrid

Sección: 1

Fecha: 24/02/2020

Nº de Recurso: 3335/2018

Nº de Resolución: 70/2020

Procedimiento: Recurso de casación

Ponente: MANUEL MARCHENA GOMEZ

Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

SENTENCIA

En Madrid, a 24 de febrero de 2020.

Esta sala ha visto el recurso de casación con el n.º 3335/2018, interpuesto por la representación procesal de D. Constantino, contra la sentencia dictada el 25 de septiembre de 2018 por la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en el Rollo de Sala n.º 1398/2018, que desestimó el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 28 de mayo de 2018 dictada en el procedimiento abreviado n.º 215/2017 del Juzgado de Io Penal n.º 21 de Madrid, por la que fue condenado el recurrente como autor responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197.7 del CP., habiendo sido parte en el presente procedimiento el condenado recurrente representado por el procurador D. Ignacio-María Batllo Ripoll; y defendido por el letrado D. Rafael Ángel Torres Aparicio, interviniendo asimismo el Excmo. Sr. Fiscal.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado Mixto n.º 6 de Majadahonda, tramitó procedimiento abreviado núm. 586/2016 por delito de descubrimiento de revelación de secretos, contra D. Constantino; una vez concluso lo remitió al Juzgado de lo Penal n.º 21 de Madrid, (proc. abreviado n.º 215/2017) y dictó Sentencia en fecha 28 de mayo de 2018 que contiene los siguientes hechos probados: “Primero.- Se declara probado que el acusado Constantino, mayor de edad y sin antecedentes penales, que mantenía una relación de amistad con Joaquina, envió el día 6 de junio de 2.016, desde su teléfono móvil con número NUM000 al número NUM001, del que era titular Federico , en esa época compañero sentimental de Joaquina, una fotografía en la que aparecía desnuda Joaquina sin consentimiento de la misma y que previamente Joaquina le había enviado a Constantino.” SEGUNDO.- En la citada sentencia se dictó el siguiente pronunciamiento: “Que debo condenar y condeno a Constantino como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197.7 del Código Penal a la pena de seis meses multa, con una cuota diaria de seis euros y apremio personal para el caso de impago a razón de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas, con condena al pago de las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con la advertencia de que la misma no es firme, pudiendo interponerse recurso de apelación ante este juzgado dentro de los diez días siguientes a la notificación de la presente resolución.” (sic) TERCERO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal del condenado D. Constantino, oponiéndose al mismo en Ministerio Fiscal, dictándose sentencia núm. 580/18 por la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 25 de septiembre, en el rollo de apelación núm. 1398/2018, cuyo Fallo es el siguiente: “Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por Constantino contra la sentencia dictada el 28 de mayo de 2018 en el Procedimiento Abreviado n° 215/17 por el Juzgado de lo Penal n° 21 de Madrid debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS en todos sus extremos dicha resolución, y declaramos de oficio las costas procesales de la apelación.

Notifíquese la presente resolución en la forma señalada en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con instrucción a las partes de que la misma no es firme, y que contra ella cabe interponer recurso de CASACIÓN únicamente porinfracción de Ley, que habrá de prepararse, en la forma prevista porlos artículos 855 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dentro de los cinco días siguientes a su última notificación.” CUARTO.- Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por la representación de D. Constantino que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

QUINTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación legal del recurrente formalizó el recurso alegando el siguiente motivo de casación:

Motivo único.- Por infracción de ley, por vulneración del art. 197.7.º del CP.

SEXTO.- Conferido traslado para instrucción, el Ministerio Fiscal por escrito de fecha 12 de julio de 2019, interesó la desestimación del motivo, y por ende, la inadmisión del recurso; la Sala lo admitió a trámite, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

SÉPTIMO- Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación y deliberación prevenida el día 4 de febrero de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Por la defensa de Constantino se interpone recurso de casación contra la sentencia 580/2018 de 25 de septiembre, dictada en grado de apelación -recurso 1398/2018- por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la sentencia núm. 206/2018, dictada el 28 de mayo anterior por el Juzgado de lo Penal núm. 21 de Madrid.

La resolución recurrida condenó al acusado como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197.7 del CP a la pena de 6 meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros y apremio personal para el caso de impago, a razón de 1 día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa impagadas.

2.- Se formaliza un único motivo, al amparo del art. 849.1 de la LECrim, en el que se denuncia infracción de ley, por indebida aplicación del art. 197.7 del CP.

A juicio de la defensa, el hecho probado no puede ser subsumido en el delito por el que se ha formulado condena. El acusado no obtuvo la fotografía de Joaquina en su propio domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros -como exige el precepto legal-, sino que fue ella la que “... obviando su autoprotección”, remitió al acusado la fotografía en la que se exhibía desnuda. Esa entrega -se aduce- no se hizo mediante un acto privado, como habría sido la entrega de una copia en soporte papel, sino a través de una red social, “... perdiendo (...) el control sobre la misma y sin saber hasta dónde puede llegar a parar al haber sido compartida”.

Además, la imagen no se ha difundido, como exige el art. 197.7 del CP, ya que fue remitida sólo a una persona. El precepto emplea deliberadamente el vocablo “ terceros”, exigiendo, por tanto, una pluralidad de destinatarios.

También faltaría otro elemento del tipo, pues no ha existido un “grave menoscabo de la intimidad” de Joaquina . Si bien se mira, la imagen “... es un mero desnudo tomado por la propia denunciante, al parecer, ante el espejo de su habitación, carente en absoluto de cualquier connotación sexual o meramente provocativa”. Se insiste por la defensa en que se trata de una imagen “... habitual en playas, piscinas, cines”. Por si fuera poco, la foto fue remitida a una persona que “... ya compartía intimidad con la denunciante, por lo que no se le está exteriorizando ningún aspecto nuevo ni ninguna actitud vergonzante”. Tampoco ha habido un perjuicio, pues la alegada ruptura sentimental con la nueva pareja que recibió la imagen no fue la causa de la ruptura, sino su consecuencia.

El motivo no puede prosperar.

2.- El art. 197.7 del CP ha sido, desde su introducción por la reforma operada por la LO 1/2015, 30 de marzo, un precepto controvertido. Su valoración enfrenta a quienes consideran que se trata de un tipo penal indispensable para evitar clamorosos vacíos de impunidad - sexting o revenge porn- y aquellos otros que entienden, por el contrario, que la descripción del tipo vulnera algunos de los principios informadores del derecho penal.

La experiencia enseña -dicen los primeros- la existencia de amantes despechados que se vengan de su pareja - revenge porn- mediante la difusión de imágenes que nunca fueron concebidas para su visión por terceros ajenos a esa relación. Algunos de esos casos, por una u otra circunstancia, obtuvieron especial relevancia mediática en nuestro país. De hecho, nadie cuestiona que el deseo de dar respuesta a ese tipo de sucesos está en el origen de la reforma de 2015. La sociedad no puede permanecer indiferente -se razona- a la difusión intencionada de imágenes conectadas a la intimidad y que, una vez incorporada a una red social, multiplican exponencialmente el daño generado a la intimidad de una persona que sólo concebía un destinatario para su visión.

Pero esta justificación pragmática no convence a quienes consideran que la reparación de la intimidad vulnerada, cuando la imagen ha sido obtenida con pleno consentimiento de quien luego se convierte en víctima, debería obtener mejor acomodo fuera del ámbito del derecho penal. Se ha dicho que la tipificación de esta conducta supone la introducción de un insólito deber de sigilo para toda la población, convirtiendo a los ciudadanos en confidentes necesarios de los demás respecto de personas que han decidido abandonar sus expectativas de intimidad en relación con grabaciones o imágenes propias que son cedidas voluntariamente a terceros.

Esta Sala, aun consciente de esas dificultades, no puede limitarse a optar sin reservas por una u otra de las alternativas. Y si bien es cierto que predominan los supuestos de difusión de imágenes de marcado carácter sexual, también lo es que el precepto no identifica la conducta típica con ese contenido. El art. 197.7 alude a contenidos cuya divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal. La esfera sexual es, desde luego, una de las manifestaciones de lo que se ha denominado el núcleo duro de la intimidad, pero no es la única.

En definitiva, nuestro papel como órgano de casación no es otro que verificar si el juicio de subsunción que ha llevado en la instancia a la condena de Constantino como autor de un delito contra la intimidad, se ajusta a las exigencias que impone un juicio de tipicidad formulado con respeto a los principios de legalidad y taxatividad.

Y no es ésta, desde luego, tarea fácil. La defectuosa técnica jurídica que inspiró la redacción del precepto dificulta la exégesis. Basta reparar en el sabor tautológico del último inciso del art. 197.7, en el que se alude a la “ intimidad personal de esa persona”, como si existiera una intimidad no personal y, por tanto, devinculada de una persona.

2.1.- Sostiene la defensa que el art. 197.7 del CP sólo abarca aquellos supuestos en los que es el sujeto activo quien realiza la fotografía o toma el vídeo que luego resulta difundido. Así se derivaría de una interpretación literal de la frase “... imágenes o grabaciones audiovisuales (...) que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros”.

La Sala no se identifica con esa interpretación.

2.1.1.- La acción nuclear consiste en difundir imágenes “ obtenidas” con el consentimiento de la víctima en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. El vocablo “ obtener” -según el diccionario de la RAE- es sinónimo de alcanzar, conseguir, lograr algo, tener, conservar y mantener. Resulta muy difícil sostener que cuando esas imágenes se remiten por la propia víctima y se alojan en el móvil del destinatario, en realidad, no se consiguen, no se logran, no se tienen, no se conservan o no se mantienen.

La obtención de las imágenes o grabaciones audiovisuales que, en todo caso, ha de producirse con la aquiescencia de la persona afectada, puede tener muy distintos orígenes. Obtiene la imagen, desde luego, quien fotografía o graba el vídeo en el que se exhibe algún aspecto de la intimidad de la víctima. Pero también obtiene la imagen quien la recibe cuando es remitida voluntariamente por la víctima, valiéndose para ello de cualquier medio convencional o de un programa de mensajería instantánea que opere por redes telemáticas.

Es cierto que el art. 197.7 exige que estas imágenes hayan sido obtenidas “...en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros”. Pero esta frase no añade una exigencia locativa al momento de la obtención por el autor. Lo que busca el legislador es subrayar y reforzar el valor excluyente de la intimidad con una expresión que, en línea con la deficiente técnica que inspira la redacción del precepto, puede oscurecer su cabal comprensión, sobre todo, si nos aferramos a una interpretación microliteral de sus vocablos. El domicilio, por ejemplo, es un concepto que si se entiende en su significado genuinamente jurídico (cfr. art. 40 del Código Civil), restringiría de forma injustificable el ámbito del tipo. Imágenes obtenidas, por ejemplo, en un hotel o en cualquier otro lugar ajeno a la sede jurídica de una persona, carecerían de protección jurídico-penal, por más que fueran expresión de una inequívoca manifestación de la intimidad. Y la exigencia de que la obtención se verifique “...fuera del alcance de la mirada de terceros”, conduciría a excluir aquellos supuestos -imaginables sin dificultad- en que la imagen captada reproduzca una escena con más de un protagonista.

No podemos aferrarnos, en consecuencia, a una interpretación ajustada a una defectuosa literalidad que prescinda de otros cánones hermenéuticos a nuestro alcance. El núcleo de la acción típica consiste, no en obtener sino en difundirlas imágenes -obtenidas con la aquiescencia de la víctima- y que afecten gravemente a su intimidad.

Pero es indispensable para acotar los términos del tipo excluir a terceros que son extraños al círculo de confianza en el que se ha generado el material gráfico o audiovisual y que obtienen esas imágenes sin conexión personal con la víctima. La difusión encadenada de imágenes obtenidas a partir de la incontrolada propagación en redes telemáticas, llevada a cabo por terceros situados fuera de la relación de confianza que justifica la entrega, queda extramuros del derecho penal.

En palabras del Fiscal, sujeto activo es aquel a quien le es remitida voluntariamente la imagen o grabación audiovisual y posteriormente, sin el consentimiento del emisor, quebrantando la confianza en él depositada, la reenvía a terceros, habitualmente con fines sexistas, discriminatorios o de venganza. Este es, además, el criterio de la Circular de la Fiscalía General del Estado núm. 3/2017.

2.1.2.- Tampoco puede identificarse la Sala con el argumento esgrimido por el recurrente -con algún apoyo dogmático- de que fue la propia víctima la que creó el riesgo de su difusión, remitiendo su propia foto al acusado a través de un programa de mensajería telemática. Ese razonamiento, llevado a sus últimas consecuencias, puede llegar a justificar la lesión en bienes jurídicos del máximo valor axiológico. Basta para ello formular un juicio de reproche dirigido a la víctima, por no haber sabido defender con vigor sus propios bienes jurídicos. Las consecuencias derivadas de esta visión -piénsese, por ejemplo, en los delitos contra la libertad sexual o contra el patrimonio- hacen inaceptable esta línea de razonamiento.

Quien remite a una persona en la que confía una foto expresiva de su propia intimidad no está renunciando anticipadamente a ésta. Tampoco está sacrificando de forma irremediable su privacidad. Su gesto de confiada entrega y selectiva exposición a una persona cuya lealtad no cuestiona, no merece el castigo de la exposición al fisgoneo colectivo.

2.1.3.- En su esfuerzo dialéctico orientado a demostrar la atipicidad de la conducta imputada, el Letrado de la defensa -en un elogiable ejercicio de técnica casacional- sostiene que el hecho probado no describe una verdadera difusión de la imagen de la víctima. El art. 197.7 exige que el soporte gráfico o audiovisual se haga

llegar a una pluralidad de personas. Así se desprendería de la expresión “... revele o ceda a terceros”, utilizando el plural.

No tiene razón el recurrente.

Así como el vocablo difundir ha de entenderse como sinónimo de extender, propagar o divulgar a una pluralidad de personas, las expresiones revelar o ceder son perfectamente compatibles con una entrega restringida a una única persona.

Tiene razón el Fiscal al recordar que el requisito de la difusión quedó cumplido cuando, sin autorización de la afectada, se inició la cadena de difusión, siendo indiferente que la imagen sea remitida a una o más personas.

Resulta contrario a las reglas de la lógica y a la intención del legislador, la exigencia de una difusión masiva en redes sociales de uso generalizado o la difusión simultánea a más de una persona por parte del receptor de las imágenes.

2.1.4.- Cuestiona también la defensa que se haya producido un grave menoscabo de la intimidad de Joaquina . Se trata de un “... mero desnudo”, alejado de cualquier connotación sexual o provocativa. Además, se dirigió por el acusado a un tercero -la entonces pareja de la víctima- que ya compartía intimidad con aquélla. No ha existido un verdadero perjuicio, pues la ruptura sentimental sobrevenida no estuvo relacionada con el envío de la fotografía.

No podemos identificarnos con este discurso.

Están justificadas las críticas dogmáticas que han alertado acerca del hecho de que el único recorte típico en la esfera de incriminación venga dado por una cláusula valorativa indeterminada que genera inseguridad jurídica (“ menoscabe gravemente la intimidad”). Es cierto, pero también lo es que el objeto material de este delito no se integra por imágenes o grabaciones de marcado carácter sexual. Se proyecta sobre toda manifestación de la intimidad que quiera resguardarse frente a aquellos terceros que no están incluidos en el espacio de legitimidad que otorga la anuencia de la víctima. Lo verdaderamente determinante es que el desnudo es expresión inequívoca de la intimidad personal. El que su exhibición pueda ser consentida en determinados contextos no es obstáculo para reivindicar su exclusión frente a terceros no incluidos en el compartido ámbito de la privacidad.

3.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación, interpuesto por D. Constantino , contra la sentencia 580/2018 de 25 de septiembre, dictada en grado de apelación por la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que confirmó la sentencia núm. 206/2018, dictada el 28 de mayo por el Juzgado de lo Penal núm. 21 de Madrid, en la causa seguida por el delito de descubrimiento y revelación de secretos y condenamos al recurrente al pago de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Manuel Marchena Gómez, presidente D. Andrés Martínez Arrieta D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre D. Andrés Palomo Del Arco D. Vicente Magro Servet D.ª. Susana Polo García D.ª. Carmen Lamela Díaz

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechaza como atenuante el consentimiento de la víctima de violencia de género a favor de la cual se haya establecido una prohibición de acercamiento.

El Supremo ha manifestado que el consentimiento de la víctima en estos casos no puede conllevar una atenuante analógica, pues el cumplimiento de una pena impuesta por la comisión de un delito público no debe quedar al arbitrio del condenado o la víctima, aunque dicha pena se haya orientado a la protección de la última.

 

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

Sede: Madrid

Sección: 1

Fecha: 14/01/2020

Nº de Recurso: 2561/2018

Nº de Resolución: 667/2019

Procedimiento: Recurso de casación

Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA

Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

SENTENCIA

En Madrid, a 14 de enero de 2020.

Esta sala ha visto el recurso de casación num. 2561/2018 por infracción de ley interpuesto por D. Emilio, representado por el procurador D. José Ramón García García, bajo la dirección letrada de D. Roberto Jorge Abelleira Esteban, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sec. 27.ª - Apelac.

1295/17) de fecha 18 de junio de 2018, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal num. 36 de Madrid en causa seguida por delito de quebrantamiento de condena. Ha sido parte recurrida el Ministerio Fiscal.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Ana María Ferrer García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 10 de Madrid incoó DPA num. 780/15, y una vez concluso lo remitió al Juzgado e lo Penal num. 36 de Madrid que con fecha 13 de abril de 2018 dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS: "UNICO.- Por sentencia de 13 de febrero de 2015, dictada de conformidad por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n° 1 de Alcalá de Henares, en DUD 33/15, se condenó al hoy acusado, Florian, mayor de edad, español, con DNI no NUM000 y sin antecedentes penales computables en esta causa a efectos de reincidencia, como autor de un delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia de género, a penas, entre otras, de 5 meses de prisión, con prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de quien había sido su pareja sentimental, D.ª Tomasa, mayor de edad y española, a su persona, domicilio o cualquier lugar en el que se encontrase, y prohibición de comunicar con ella, ambas prohibiciones por tiempo de 16 meses.

El mismo 13 de febrero la sentencia se declaró firme y el acusado fue requerido de cumplimiento de las penas de prohibición de aproximación y de comunicación desde ese mismo día siendo advertido de que, en caso de incumplimiento, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de condena castigado con pena privativa de libertad, estableciéndose, al efectuar la liquidación de condena, que estas penas se extinguían por cumplimiento el 6 de junio de 2016.

En la misma fecha de 13 de febrero de 2015, a solicitud de la defensa, se acordó por el mismo Juzgado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta_ condicionada a que el condenado no delinquiera en la plazo de dos años y a que cumpliera dentro del mismo plazo, entre otras, las obligaciones y deberes de prohibición de aproximarse a D.ª Tomasa en un radio de 500 metros o comunicarse con ella, siendo expresamente advertido de que el incumplimiento de tales obligaciones supondría la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, sin posibilidad de nueva prórroga.

Pese a ello, durante el período de cumplimiento de las referidas penas, sobre las 10,15 horas del 26 de diciembre de 2015, con ánimo de menoscabar el principio de autoridad. conociendo la existencia y vigencia de dichas penas, el acusado se encontraba alojado, en compañía de D.ª Tomasa, en el hotel Exe Central, de Madrid, sito en la calle Mejía Lequerica, de la capital, donde fue detenido".

SEGUNDO.- El Juzgado de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: "FALLO: Que debo condenar y condeno a Florian, como autor responsable de un delito de quebrantamiento de condena, ya definido, concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, ya definida, a la pena de siete meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas procesales.

De conformidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 789 de la Ley de Enjuician lento Criminal, remítase al Juzgado instructor testimonio de la presente resolución de forma inmediata, así como de la posterior declaración de firmeza, y efectúense las anotaciones oportunas en el SIRAJ.

Notifíquese a las partes la presente resolución, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de diez días desde su notificación.

Una vez firme la presente resolución, remítase testimonio de la misma al Juzgado de Ejecutorias que tramite la ejecución de la sentencia a la que se refiere la hoja histórico penal obrarte a los folios 30 y 31, por si procediera revocar el pronunciamiento sobre suspensión de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia que refiere".

TERCERO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de D. Florian, dictándose sentencia por la Audiencia Provincial de Madrid (Sec. 27.ª - Apelac. 1295/18), con fecha 18 de junio de 2019, que contiene el siguiente Fallo: "Que DEBEMOS DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación de Florian contra la sentencia de 13.04.18 de la Juez del Juzgado de lo Penal 36 de Madrid (PA 427/2016), la que se confirma, declarando de oficio las costas devengadas en la presente alzada.

Notifíquese esta nuestra sentencia a las partes personadas, a las que se harán saber las indicaciones que contiene el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Asimismo llévense a efecto las anotaciones, inscripciones, comunicaciones y/o remisiones, en el modo y/o en los términos normativamente establecidos, a las personas y/o a/en los órganos correspondientes, con arreglo a la normativa vigente.

Esta sentencia no es firme, contra ella cabe interponer recurso de casación únicamente por infracción de ley del motivo previsto en el número 1° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que habrá de prepararse en la forma prevista en los artículos 854 y 855 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dentro de los cinco días siguientes a su última notificación".

CUARTO.- Notificada la resolución a las partes, se preparó recurso de casación por infracción de ley por la representación de D. Florian que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal

Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

QUINTO.- El recurso interpuesto se basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

1.º.- Al amparo del artículo 849.1.º LECRIM, por vulneración del artículo 21.7.ª CP.

2.º.- Al amparo del artículo 849. 1.º LECRIM., por vulneración del artículo 21.3.º CP.

3.º.- Al amparo del art. 849.1.º LECRIM, por vulneración del art. 21. 6.ª CP, en relación con el artículo 66. 2.ª CP.

SEXTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala admitió el mismo, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

SÉPTIMO.- Hecho el señalamiento para el Fallo, se celebró la votación prevenida el día 10 de diciembre de 2019.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La defensa del condenado D. Emilio recurre contra la sentencia de la Sección 27.ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de junio de 2018, que desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la que había sido dictada el 13 de abril del mismo año por el Juzgado de lo Penal n° 36 de Madrid y que le condenó como autor de un delito de quebrantamiento de condena, concurriendo la atenuante de dilaciones indebidas.

Nos encontramos en la vía impugnativa que habilitó la reforma de la LECRIM operada por la Ley 45/2015 de 5 de octubre, al introducir la posibilidad de recurso de casación en el artículo 847.1 b) contra las sentencias dictadas en apelación por la Audiencia Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Responde a un esquema impugnativo que permite el acceso a casación y, con él, a la función unificadora de doctrina que a esta Sala corresponde, de todos los delitos previstos en el CP con la única exclusión de los leves, si bien limitado en cuanto a sus posibilidades de planteamiento a la "infracción de ley del motivo previsto en el número 1.º del artículo 849", cuya admisión queda condicionada a la existencia de interés casacional. Así lo dijo expresamente la Exposición de Motivos de la Ley que lo implantó, y se deduce del artículo 889 LECRIM que en estos casos autoriza la inadmisión a través de una providencia "sucintamente motivada" acordada por unanimidad de los magistrados cuando el recurso "carezca de interés casacional".

Como dijimos en la Sentencia de Pleno 210/2017 de 28 de marzo, que resolvió la primera impugnación casacional contra sentencias dictadas por la Audiencia Provincial en apelación respecto a la dictada por el Juzgado de lo Penal, "estamos ante una modalidad del recurso que enlaza más con el artículo 9,3 de la Constitución (seguridad jurídica) que con el artículo 24.1 (tutela judicial efectiva)", orientado a enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica, con el horizonte de homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización.

En orden a interpretar el alcance de esta nueva posibilidad de acceso a la casación y concretar que debe interpretarse por "interés casacional", esta Sala, reunida en Pleno no jurisdiccional el 9 de junio de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:

"A) El artículo 847 1.º letra b) de la LECRIM debe ser interpretado en sus propios términos. Las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solo podrán ser recurridas en casación por el motivo de infracción de ley previsto en el número primero del artículo 849 de la LECRIM, debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que se formulen por los artículos 849 2.º, 850, 851 y 852.

B) Los recursos articulados por el artículo 849 1.º deberán fundarse necesariamente en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter (sustantivo) que deba ser observada en la aplicación de la Ley Penal (normas determinantes de la subsunción), debiendo ser inadmitidos los recursos de casación que aleguen infracciones procesales o constitucionales. Sin perjuicio de ello, podrán invocarse normas constitucionales para reforzar la alegación de infracción de una norma penal sustantiva.

C) Los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio ( artículo 884 LECRIM).

D) Los recursos deben tener interés casacional. Deberán ser inadmitidos los que carezcan de dicho interés (artículo 889 2.º), entendiéndose que el recurso lo tiene interés casacional, conforme a la exposición de motivos: a) si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, b) si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales, c) si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.

E) La providencia de inadmisión es irrecurrible ( artículo 892 LECRIM)".

De conformidad con el mismo, abordamos el presente recurso a partir del respeto al relato de hechos declarados probados por la sentencia sometida a nuestra consideración, en relación al aspecto que ha suscitado interés casacional. En concreto, la idoneidad del consentimiento de la persona involucrada como sujeto pasivo en un delito de quebrantamiento de la pena de prohibición de acercamiento del artículo 468.2 CP, como base para sustentar una circunstancia analógica de atenuación. Cuestión abordada en el primer motivo de recurso, único respecto a la que apreciamos interés casacional, al existir posturas discrepantes entre las Audiencias Provinciales.

SEGUNDO: El ya citado primer motivo de recurso se canaliza por vía del artículo 849.1 LECRIM para denunciar la indebida inaplicación del artículo 21.7 CP, en relación al delito del artículo 468.2 CP.

Sostiene el recurrente que existen dos líneas de interpretación entre las Audiencias Provinciales. Por una parte las que consideran que el consentimiento en el quebrantamiento de la persona con respecto a la cual se acuerda la prohibición de acercamiento integra una atenuante muy cualificada, entre las que cita las SSAP de Madrid, Sección 17.ª de 15 de julio de 2009; Madrid de fecha 10 de marzo de 2011; Madrid, Sección 1.ª de 27 de Septiembre de 2012; Sevilla, Sección 4.ª de fecha 27 de mayo de 2014; Vizcaya Sección 6.ª de 1 de febrero de 2016 y de 13 de febrero de 2018. De otro lado, las que consideran que en tales casos no es apreciable ninguna atenuante por analogía, y cita las SSAP de Madrid, Sección 27.ª de 21 de mayo de 2018; y Zaragoza Sección 1.ª de 27 de abril de 2018, de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Admite que esta Sala se pronunció en sentencia de 2 de julio de 2014 en contra de la apreciación de una atenuante, si bien considera que la doctrina que la misma contiene no es "categórica, de hecho la polémica sigue existiendo en la actualidad".

1. El cauce de infracción de ley del artículo 849.1 LECRIM que da viabilidad al recurso obliga, como hemos anunciado, a partir del escrupuloso respeto al relato de hechos probados. En este caso, el Juzgado de lo Penal declaró probado, y la Audiencia Provincial validó como tal: "UNICO.- Por sentencia de 13 de febrero de 2015, dictada de conformidad por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n° 1 de Alcalá de Henares, en DUD 33/15, se condenó al hoy acusado, Florian, mayor de edad, español, con DNI no NUM000 y sin antecedentes penales computables en esta causa a efectos de reincidencia, como autor de un delito continuado de amenazas en el ámbito de la violencia de género, a penas, entre otras, de 5 meses de prisión, con prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 500 metros de quien había sido su pareja sentimental, D.ª Tomasa, mayor de edad y española, a su persona, domicilio o cualquier lugar en el que se encontrase, y prohibición de comunicar con ella, ambas prohibiciones por tiempo de 16 meses.

El mismo 13 de febrero la sentencia se declaró firme y el acusado fue requerido de cumplimiento de las penas de prohibición de aproximación y de comunicación desde ese mismo día, siendo advertido de que, en caso de incumplimiento, podría incurrir en un delito de quebrantamiento de condena castigado con pena privativa de libertad, estableciéndose, al efectuar la liquidación de condena, que estas penas se extinguían por cumplimiento el 6 de junio de 2016.

En la misma fecha de 13 de febrero de 2015, a solicitud de la defensa, se acordó por el mismo Juzgado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, condicionada a que el condenado no delinquiera en la plazo de dos años y a que cumpliera dentro del mismo plazo, entre otras, las obligaciones y deberes de prohibición de aproximarse a D.ª Tomasa en un radio de 500 metros o comunicarse con ella, siendo expresamente advertido de que el incumplimiento de tales obligaciones supondría la revocación de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, sin posibilidad de nueva prórroga.

Pese a ello, durante el período de cumplimiento de las referidas penas, sobre las 10,15 horas del 26 de diciembre de 2015, con ánimo de menoscabar el principio de autoridad, conociendo la existencia y vigencia de dichas penas, el acusado se encontraba alojado, en compañía de D.ª Tomasa, en el hotel Exe Central, de Madrid, sito en la calle Mejía Lequerica, de la capital, donde fue detenido".

Entiende el recurrente que de los términos de ese relato se deduce que existió consentimiento de la que había sido pareja del acusado, a quien tenía prohibido acercarse, y hace suyos los argumentos de la Audiencia provincial de Vizcaya, Sección 6.ª, en la sentencia de 13 de febrero, y los de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 4.ª de 27 de mayo de 2014 que aquella invocaba.

Y como parámetros de comparación de cara a sustentar la analogía que el artículo 21.7 CP requiere, señala que los delitos relacionados con la violencia de género de los artículos 153.4, 171.6, 171.2 CP (maltrato sin lesión o con lesión leve, lesiones, amenazas y coacciones) permiten la rebaja de un grado de la pena a la vista de las circunstancias personales del autor y de las concurrentes en la realización del hecho. También el artículo 155 CP en los delitos de lesiones permite la imposición de la pena inferior en grado en caso de consentimiento de la víctima. A partir de ahí entiende que el consentimiento de quien denomina "perjudicada" no puede considerarse irrelevante y concluye con una especia de cláusula general de cierre en el que, sin desarrollo argumental alguno, alude como término de comparación para establecer la analogía las atenuantes de arrebato u obcecación, y otro estado pasional semejante, o ejercicio de un derecho, o estado de necesidad.

Finalmente aduce que "que existirían las condiciones para aplicar atenuante analógica como muy cualificada dado el consentimiento de la perjudicada, por la escasa duración del quebrantamiento dado que fue meramente puntual, no había sucedido previamente, ni tampoco existió ningún delito concurrente, además de la juventud de los implicados, y del hecho de que la relación posteriormente ha continuado y se ha mantenido hasta el juicio oral tal y como señaló la perjudicada." 2. El artículo 21.7 CP cierra el catálogo de atenuantes al configurar como tal "cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores". En principio habríamos de considerar como tales las que demuestren una menor culpabilidad o antijuridicidad en la conducta del sujeto, o incluso revele una menor conveniencia de la pena.

Los términos de comparación sobre los que debe pivotar la "análoga significación", según la doctrina de esta Sala, abarcan los que afectan a la estructura y características de las restantes circunstancias que el artículo 21 contempla, y de las descritas en el artículo 20 CP cuando no concurran todos los elementos que permitan su apreciación como eximente incompleta. Pero también los factores de atenuación específicamente descritos en los tipos penales y los que se conecten con algún elemento esencial definidor de los mismos, básico para la descripción e inclusión de la conducta en el CP, y que supongan la ratio de su incriminación o estén directamente relacionados con el bien jurídico protegido. Por último, se ha dado cabida a la analogía directamente referida a la idea genérica que básicamente informan los demás supuestos del artículo 21 CP, lo que ha viabilizado hasta la LO 5/2010 la consideración de atenuante como efecto reparador de la vulneración de un derecho fundamental, singularmente el de proscripción o interdicción de dilaciones indebidas. ( SSTS, entre otras,865/2005 de 24 de junio; 164/2006 de 22 de febrero; 240/2012 de 26 de marzo; 505/2016 de 9 de junio).

La atenuante que nos ocupa, como instrumento de individualización de la pena que es, trata de ajustar ésta a la culpabilidad del sujeto, y exige que la analogía se establezca no sobre una similitud formal, morfológica o descriptiva, sino en una semejanza de sentido intrínseco con la idea genérica que básicamente informan las demás atenuantes (entre otras SSTS 567/1996 de 23 de septiembre; 1125/1998 de 6 de octubre; 164/2006 de 22 de febrero; 1057/2006 de 3 de noviembre; 145/2007 de 28 de febrero; 240/2012 de 26 de marzo o 505/2016 de 9 de junio). Y en concreto la STS 504/2003 de 2 de abril afirmó "Las circunstancias de atenuación del artículo 21, antes del artículo 9 del Código Penal de 1973, responden, como se ha dicho, a una menor imputabilidad del sujeto; a una disminución del injusto y, por lo tanto, menor necesidad de pena; o a requerimientos de política criminal, como la reparación a la víctima o la colaboración con la administración de justicia. Las situaciones que la realidad fáctica puede evidenciar y que no pueden ser integrados en una de las circunstancias del artículo 21 guardando sin embargo, una análoga significación con los fundamentos de las circunstancias de atenuación del artículo 21, en sus números 1 a 5, pueden ser subsumidos en el número 6 atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto.

Se ha sostenido doctrinalmente, y de ello se hace eco la jurisprudencia, que la circunstancia de análoga significación permite acoger en su subsunción situaciones no incluibles en el tenor literal de otras circunstancias de atenuación pero que aparecen abarcadas por el fundamento de la atenuación o el objetivo político-criminal de las restantes circunstancias. Así, afirmó la Sentencia de 22 de Febrero de 1988, la circunstancia de análoga consideración constituye "una cláusula general de individualización de la pena que permite proporcionar mejor la pena a la culpabilidad del autor, más que por la vía de una estricta analogía formal con los supuestos específicamente contemplados en los diferentes números del art. 9 del Código penal, a través de la analogía con esta idea genérica que informan estos supuestos". En parecidos términos la STS 8.6.88 para la que la atenuación analógica tiene como finalidad posibilitar que se pueden valorar situaciones de entidad, no previstas normalmente, que la realidad humana y comunitaria pueda poner de relieve". Criterio que sigue informando el fundamento de esta circunstancia (Cfr. STS. 4.6.99) pues "lo importante es el significado, no la morfología de la circunstancia"." Recordaba la STS 1060/2004 de 4 de octubre, con cita de las SSTS 1002/2002 de 27 de mayo y la 1006/2003 de 9 de julio, que la entonces jurisprudencia más moderna entendía que no era preciso que la analogía se refiriera específicamente a alguna de las otras circunstancias descritas en el artículo 21 CP, como se venía exigiendo tradicionalmente "sino que es suficiente para su apreciación que la misma se refiera a la idea básica que inspira el sistema de circunstancias atenuantes, es decir, la menor entidad del injusto, el menor reproche de culpabilidad o la mayor utilidad a los fines de cooperar con la justicia desde una perspectiva de política criminal." (en el mismo sentido la STS 1421/2005 de 30 de noviembre).

Sin embargo, tan amplio espectro de la atenuante de análoga significación no alcanza al supuesto de que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante, porque ello equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la norma. Pero tampoco puede exigirse una similitud y una correspondencia absoluta entre la atenuante analógica y la que sirve de tipo, "pues ello supondría hacer inoperante el humanitario y plausible propósito de que habla la jurisprudencia de esta Sala" y dejaría sin efecto la analogía. (entre otras, SSTS 1524/1992 de 11 de mayo; 159/95 de 3 de febrero; 567/1996 de 23 de septiembre; 1704/1999 de 5 de enero; STS 2153/2002 de 18 de diciembre; 164/2006 de 22 de febrero;

240/2012 de 26 de marzo; 505/2016 de 9 de junio ó 402/2019 de 12 de septiembre).

3. El Código Penal no prevé el consentimiento de la víctima entre las causas de justificación generales, por lo que ningún parangón analógico puede establecerse con las demás circunstancias incluidas en los artículos 20 y 21.

Se alude en el recurso, sin especial argumentación, al cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo derecho, oficio o cargo. Decíamos en la STS 664/2018 de 17 de diciembre, que la jurisprudencia de esta Sala ha condicionado la operatividad de la circunstancia prevista en el n.º 7 del artículo 20 CP a que la actuación del sujeto se encuentre en la órbita de la debida expresión, uso y alcance del derecho concernido, y ante la necesidad de evitar un mal grave para el mismo que no pudiera excluirse por otros medios ( STS 1054/2004 de 4 de octubre y 1218/2004 de 2 de noviembre).

Y así ha afirmado, que la eximente de cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo constituye una cláusula de cierre del total sistema jurídico que impide que la aplicación de preceptos normativos que establecen deberes, derechos o funciones sociales pueda verse confrontada con la incidencia en figuras típicas penales. Es totalmente lógico que, cuando se actúe en cumplimientos de esos deberes, derechos o funciones, los que los ejerciten no se encuentren implicados en una situación definida como antijurídica y punible. Naturalmente, como en tantas posibles antinomias entre derechos, deberes y obligaciones jurídicos sucede, para salvar la oposición deben tenerse en cuenta exigencias que garanticen que el ejercicio de derechos, deberes y funciones socialmente útiles no devenga en una forma de justificar cualquier conducta que, en principio, aparezca jurídicamente amparada y tutelada ( STS 46/2014, de 11 de febrero; STS 543/2010, de 2 de junio).

Estas consideraciones excluyen que un eventual derecho a relacionarse con quien es o ha sido la pareja sentimental, pueda alcanzar la significación que tal circunstancia proyecta, basada en la utilidad social del derecho, deber jurídico o función cuyo cumplimiento se reclama.

Lo mismo ocurre en relación con las circunstancias de arrebato u obcecación, y otro estado pasional semejante, o la de estado de necesidad a las que, sin especial argumentación se refiere el recurso. Pues en ningún caso puede deducirse del relato de hechos que mediatiza nuestro pronunciamiento una situación asimilable a la del peligro de un mal, propio o ajeno, que el acercamiento entre el acusado y quien había sido o era todavía su pareja pretendiera enervar, sobre la que establecer algún paralelismo con la segunda de las circunstancias citadas. Tampoco el consentimiento de la afectada por la pena de alejamiento puede asimilarse al poderoso estímulo capaz de provocar alteración emocional.

4. Ya hemos señalado que el consentimiento del afectado no goza de expreso reconocimiento en el ordenamiento penal como causa de justificación. Sin embargo, la parte especial del Código le reconoce eficacia en algunos supuestos, a través de una atenuación (artículo 155), o incluso de una tipificación con menor penalidad, como ocurre por ejemplo con el auxilio al suicidio (artículo 143) en relación con el homicidio (artículo 138). Ahora bien, en todos los casos se trata de tipos que protegen bienes jurídicos de carácter personal, como la vida o la integridad física.

El tipo previsto en el artículo 468.2 CP por el que el recurrente viene condenado señala "se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada".

En el particular supuesto que nos ocupa, se incumplió por el recurrente la pena de prohibición de acercamiento a una distancia inferior a los 500 metros de quien había sido su pareja sentimental; y a mantener comunicación con ella, impuestas por sentencia firme.

Se trata el previsto en el artículo 468.2 de un delito contra la Administración de Justicia, cuyo bien jurídico protegido de forma primordial es la efectividad de determinadas resoluciones de la Autoridad Judicial en materia de ejecución de penas, medidas de seguridad y medidas cautelares acordadas durante el proceso, cuyo cumplimiento y subsistencia no puede quedar a merced de la víctima (entre otras SSTS 268/2010 de 26 de febrero; 39/2009 de 29 enero; ó 803/2015 de 9 de diciembre).

Cierto es que hemos dicho de este tipo penal, entre otras en la STS 664/2018, que tiene un carácter dual, pues también "persigue como finalidad última la de prevenir situaciones de peligro para las víctimas. En palabras de la STS 846/2017 de 21 de diciembre "se justifica en el aseguramiento de la concordia social y la evitación de futuros males adicionales ( SSTS 369/2004, de 11 de marzo, 803/2011 de 15 de julio, 110/2010, de 12 de junio, 48/2007 de 25 de enero)"". Lo que, sin embargo, no desnaturaliza su carácter.

En lo que se refiere a la eficacia en relación al mismo del consentimiento de la persona afectada por alguna de las prohibiciones del artículo 48 CP como víctima del hecho generador de su imposición, tras algunas iniciales oscilaciones, nuestra jurisprudencia ha sido unívoca a partir del Pleno no jurisdiccional de la Sala II del TS de 25 de enero de 2008, en el que se acordó que: "...el consentimiento de la mujer no excluye la punibilidad a efectos del artículo 468.2 del Código Penal". Tesis acogida por sucesivas sentencias (entre otras SSTS 39/2009 de 29 de enero; 172/2009 de 24 de febrero; 61/2010 de 28 de enero; 95/2010 de 12 de febrero 268/2010 de 26 de febrero; 1065/2010 de 26 de noviembre; 126/2011 de 31 de enero; 1010/2012 de 21 de diciembre; 539/2014 de 2 de julio; 803/2015 de 9 de diciembre; ó 748/2018 de 14 de febrero de 2019).El cumplimiento de una pena o medida cautelar impuesta por un Tribunal como consecuencia de la comisión de un delito público no puede quedar al arbitrio del condenado o de la víctima, ni siquiera en los casos en los que las mismas se orienten a la protección de aquella. La necesidad de proteger de manera efectiva a quienes son víctimas de la violencia de género emerge hoy como un interés colectivo indisponible, que ha desembocado en todo un esquema legal orientado a tal fin, y que desde esta perspectiva ha sido interpretado por esta Sala.

En línea con ello, claudica cualquier posibilidad de anclar en el consentimiento de la persona que, además de la condenada, se ve afectada por alguna de las prohibiciones del artículo 48 CP en su condición del víctimas del delito generador de las mismas, la "análoga significación" que faculta la construcción de una atenuante a través de la vía que abre el artículo 21.7 CP. De esta manera mantiene toda su vigencia el criterio que sobre esta cuestión sustentó la STS 539/2014 de 2 de julio, precisamente por entender que "si el legislador diseña una atenuante exigiendo para su apreciación la concurrencia de ciertos elementos o requisitos, no es lógico que por la puerta del art. 21. 6.º (actual 7.ª) se introduzcan como atenuante los supuestos en que faltan esos requisitos y que han sido conscientemente desechados por el legislador ( STS. 1346/2009 de 29.12).". Todo ello sin perjuicio de que pueda ser un factor a tomar en cuenta a la hora de individualizar la pena.

El motivo se desestima.

SEGUNDO: Los otros dos motivos van a ser rechazados de plano, pues ninguno de ellos reviste interés casacional, interpretado en los términos que hemos expuesto en el primero de los fundamentos de esta sentencia.

1. El que se formuló en segundo lugar, dice que la sentencia recurrida contravino la doctrina de esta Sala al rechazar como alteración emocional idónea para sustentar una circunstancia atenuante de arrebato y/o obcecación del artículo 21.3 CP, al enamoramiento entre la pareja que les llevó a reanudar su relación sentimental tras el encuentro que los hechos probados describen, producido vigente la prohibición judicialmente impuesta como pena.

La sentencia recurrida dedica a esta cuestión su fundamento séptimo, que se apoya para delimitar los contornos teóricos de la circunstancia que se invoca en la jurisprudencia de esta Sala, de la que no se apartó.

Por el contrario, el rechazo de la atenuación reclamada se basó en la no acreditación de los elementos que con arreglo aquella son de obligada concurrencia. Es decir, la cuestión se reconduce a una discrepancia probatorias que quedan extramuros de un recurso como el que nos ocupa.

En atención a ello el motivo planteado no tiene cabida en un recurso como el que ahora se resuelve, y la causa de inadmisión lo es ahora de desestimación.

2. Lo mismo ocurre con el tercero de los motivos, que simplemente cuestiona que la sentencia de instancia no considerara que la dilación indebida apreciada justificara que la atenuante lo fuera como muy cualificada.

Dice que tal pronunciamiento se aparta de la jurisprudencia de esta Sala, pero ni siquiera cita el recurso alguna sentencia que pudiera ser tomada en referencia a esos efectos.

Pero es que además, tal discrepancia no se incorporó al recurso de apelación, lo que ha privado al Tribunal que conoció del mismo de la posibilidad de pronunciarse sobre la cuestión. No olvidemos que es la sentencia dictada por este último la que constituye el objeto de nuestro recurso.

De tal manera si el recurso de casación tiene por objeto la revisión de la sentencia de apelación, no es posible introducir un motivo per saltum, pues lo contrario desnaturalizaría el recurso de casación una vez implantado un sistema de doble instancia.

CUARTO: Por todo lo expuesto el recurso va a ser desestimado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 901 LECRIM, el recurrente soportará las costas de este recurso.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido DESESTIMAR el recurso de casación interpuesto por D. Emilio, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 27.ª - Apelac. 1295/17) de fecha 18 de junio de 2018. Comuníquese esta Sentencia a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

Condenar al citado recurrente al pago de las costas de esta instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Manuel Marchena Gómez Julián Sánchez Melgar Miguel Colmenero Menéndez de Luarca Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre Antonio del Moral García Ana María Ferrer García Pablo Llarena Conde

INTERNAMIENTO EN UN CENTRO PSIQUIÁTRICO

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha confirmado la condena al internamiento en un centro psiquiátrico dependiente de la Administración Penitenciaria por un máximo de catorce años al hombre que asfixió a su mujer a principios de 2017 en O Carballiño, en consonancia con la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense. El condenado no podrá salir de dicho centro sin autorización del Tribunal.

 

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Sede: Coruña (A)

Sección: 1

Fecha: 21/01/2020

Nº de Recurso: 58/2019

Nº de Resolución: 3/2020

Procedimiento: Penal. Jurado

Ponente: PABLO ANGEL SANDE GARCIA

Tipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA

Sala de lo Civil y Penal

SENTENCIA

En A CORUÑA, a veintiuno de enero de dos mil veinte La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los magistrados arriba expresados, vio en grado de apelación (Rollo 58/2019) el Procedimiento del Tribunal del Jurado seguido en la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Ourense (rollo número 40 de 2018), partiendo de la causa que con el número 23/2017 tramitó el Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción número 2 de O Carballiño por delito de homicidio contra el acusado Amadeo. Son partes en este recurso, como apelante el mencionado acusado, representado por la procuradora doña Marta Pérez Pousa y asistido del letrado don José Manuel Orbán Sousa, y como apelados el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercitada por doña Yolanda, representada por la procuradora doña María Rosario Nogueira Diéguez y defendida por la letrada doña Francisca Martínez González.

Es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. don Pablo A. Sande García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La sentencia dictada con fecha 18 de julio de dos mil diecinueve por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Ourense contiene los siguientes hechos probados:

" Amadeo, de 60 años se encontraba casado desde hacía 35 años con D.ª Adoracion, sin que tuviesen descendientes, manteniendo una relación de afectividad sin la presencia de conflictos conocidos. No existieron episodios de violencia de género, manteniendo siempre una relación cordial.

Amadeo se encontraba afectado por una demencia fronto-itemporal con un deterioro grande de las funciones cerebrales superiores, con rigidez y falta de flexibilidad del pensamiento y alteraciones de la conducta, las emociones y la afectividad. Dolencia que le fue detectada durante su estancia en Suiza y que determinó diversos ingresos hospitalarios en el área de psiquiatría del CHUO. El 18 de enero de 2017 es trasladado de nuevo a urgencias del CHUO, se había subido al tejado del domicilio conyugal, sito en la CALLE000 no NUM000 de 0 Carballiño, permaneciendo en el mismo durante más de cinco horas hasta que finalmente su hermano lo convenció pare que se bajara.

En hora no concreta entre las 8.00 horas y las 12.00 horas del día 29 de Enero de 2017, Amadeo, causó la muerte de forma violenta de su esposa Adoracion, en el domicilio de ambos, tras haber mantenido una discusión por las llaves de la casa.

Amadeo causó la muerte de su esposa por asfixia, empleando para ello el cable de la lámpara de la mesilla, y apretando el cuello con las manos, apretando fuertemente y ocasionándole a causa de ello, pese a los actos defensivos de Adoracion, la muerte por asfixia.

El cadáver de Adoracion fue encontrado en el dormitorio principal, de rodillas en el suelo, apoyado su tronco contra el colchón y la parte superior y cabeza sobre la cama, con el brazo derecho estirado y el cable de la lámpara de la mesilla entorno a la muñeca. Estaba vestida con camisón, camiseta y sujetador, pero con las nalgas desnudas. A los pies de la cama se observa "un pantalón de pijama con bragas retorcidas". Presentaba múltiples hematomas.

En la habitación donde fue encontrado el cadáver de Adoracion, en la lámpara, en la bombilla, en la ropa que portaba Adoracion fueron encontrados restos biológicos correspondientes a los perfiles genéticos de Adoracion y Amadeo.

En las uñas de Adoracion fueron hallados restos biológicos de varón de identidad desconocida, que en todo caso, no corresponden con el acusado.

Sobre las 20,50 horas del día de los hechos acudieron a aquel lugar, agentes de la guardia civil, de la policía local y del cuerpo de bomberos, avisados por los familiares de ambos, los cuales accedieron a la vivienda a través de un balcón a la segunda planta, previa rotura del cristal, encontrando el cuerpo de Adoracion de rodillas con la cabeza apoyada en la cama de una habitación y al acusado Amadeo en otra habitación del piso inferior, semidesnudo, con la camiseta ensangrentada, con un cuchillo las manos autolesionándose en el cuello y diciendo únicamente "eu non fixe nada", teniendo que ser reducido por los agentes.

Amadeo presentaba en el momento de la detención diversas lesiones las cuales no guardan relación con el mecanismo asfíctico que fue causa de la muerte.

A la vivienda no se podía acceder desde el exterior al encontrarse todas las puertas de acceso y la persiana del garaje cerradas.

Del interior de la vivienda sólo se podía salir al exterior por la persiana del garaje, la cual se encontraba cerrada por el interior con unos pasadores.

Adoracion no tuvo descendencia, sobreviviéndola a su fallecimiento sus padres, Felicisimo y Yolanda, y su hermana Lidia. Desde su muerte, sus padres y hermana, se encuentran a tratamiento psicológico, a través del servicio de auxilio a víctimas de delitos violentos y en los centros de salud de sus respectivos domicilios".

SEGUNDO: El fallo de la mencionada sentencia es como sigue:

"DEBO ABSOLVER y ABSUELVO al acusado Amadeo del delito de homicidio que le era imputado al concurrir la eximente completa recogida en el art. 20.1 C.P.

Como medida de seguridad procede acordar su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, por tiempo máximo de catorce años, no pudiendo aquel abandonar el establecimiento sin autorización del Tribunal, todo ello sin perjuicio y de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Código Penal.

En concepto de responsabilidad civil indemnizará a Yolanda y a Felicisimo en la suma de 60.000 euros a cada uno de los mismos, y a Lidia en la suma de 40.000 euros, suma que devengará los intereses del art. 576.1 de la LEC, desde la fecha de esta resolución hasta su completo pago.

Le será de aplicación y abono al acusado Amadeo todo el tiempo que esté privado de libertad por esta causa.

Únase a esta resolución el acta del Jurado".

TERCERO: La representación procesal del acusado interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia, y el Ministerio Fiscal y la acusación particular lo impugnaron.

CUARTO: Mediante providencia del pasado 14 de octubre de 2019 la Sala acordó que se formase el rollo correspondiente con testimonio de particulares de los autos, designándose como Magistrado Ponente al Ilmo.

Sr. don Pablo A. Sande García.

QUINTO: La Sala, por providencia del pasado 14 de noviembre señaló el siguiente 10 de diciembre para celebración de la vista, que tuvo lugar con la asistencia de las partes personadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: 1. La defensa del acusado sostiene su recurso de apelación en nueve motivos, todos ellos amparados en la letra e) del artículo 846 bis c) LECRIM, si bien el octavo de ellos se acoge, por añadidura, a la letra b) del precitado precepto. Abstracción hecha de este motivo, así como del noveno y último, el recurrente, en los restantes siete motivos, so pretexto de la vulneración de la presunción de inocencia porque "atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta", encamina su esfuerzo argumental a discrepar de la valoración probatoria del Jurado sustituyéndola por la propia. Fijémonos, en tal sentido, en el explícito objeto de las pretensiones impugnatorias desarrolladas en cada uno de los siete primeros motivos: el primero "afecta" al hallazgo de restos biológicos de "varón desconocido" en las uñas de la víctima, criticando que no fuesen investigados y repudiando la afirmación de la sentencia combatida tocante a que "pueden ser casuales"; el segundo incide en que no existe dato alguno que permita negar que haya sido "posible" que "antes del homicidio las puertas" de acceso a la vivienda de la víctima y de su esposo el acusado "estaban abiertas o que se hubiesen abierto para permitir paso a una tercera persona"; el tercero de los motivos afecta "al indicio" que contra el acusado se utiliza en "el forcejeo agresor-víctima y hematomas sufridos por ésta"; el cuarto también critica que no se hubiese investigado el "pantalón de pijama con bragas retorcidas" que se "observó" a los pies de la cama del dormitorio en el que fue encontrado el cadáver de la víctima; el quinto a su vez "afecta" (palabra reiteradamente utilizada por el recurrente) a la supuesta carencia de capacidad del acusado para "ejecutar la suma de actos asfícticos" conducentes a la muerte de su esposa; el sexto discrepa del hecho de que el acusado causase la muerte violenta de su esposa en el domicilio de ambos "tras haber mantenido una discusión por las llaves de la casa", según manifestó el propio acusado, si bien -se aduce- sus condiciones mentales "debieran conducir a entender que carecía de fiabilidad en sus versiones o, al menos, que existen dudas de su fiabilidad"; y el séptimo motivo afecta a la existencia de ADN del acusado y de la víctima en el dormitorio donde ésta murió y en distintos lugares de la casa.

Sucede, pues, que el recurrente persigue cuestionar a lo largo de las 30 (treinta) páginas que integran el desarrollo de esos siete primeros motivos del recurso de apelación, la valoración probatoria del Tribunal enjuiciador sustituyéndola por la propia, llegando incluso en ocasiones a discutir su racionalidad, pero sin que ni por asomo nos encontremos ante algún motivo tendente a la modificación, supresión o adición del relato histórico de la sentencia apelada mediante el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo al interpretar el artículo 849.2 LECRIM, norma relativa a la casación considerada aplicable en la apelación de la que conocemos (por todas, SSTSJG 1/2016, de 16 de febrero, y 12/2018, de 7 de marzo, en las que se da cuenta de la aludida doctrina jurisprudencial).

Por añadidura, y no obstante discutirse la motivación del Jurado, ninguna infracción del artículo 61.1 d) LOTJ se efectúa, aunque su hipotética invocación carecería de virtualidad toda vez que la parte aquí recurrente pudo formular al respecto la pertinente reclamación en el momento de conocer por su lectura el acta del veredicto, instando su devolución al Jurado para subsanar el eventual defecto que estimase concurrente, pero lo cierto es que no lo hizo con lo que no podría denunciar después -es decir ahora- la ausencia de motivación del mismo (en este sentido, por todas, STS 303/2013, de 22 de marzo, ya tenida en cuenta en la STSJG 9/2014 de 11 de noviembre). Tal y como apuntamos inauguralmente en dicha STSJG 9/2014, de 11 de noviembre, "tras la lectura del veredicto en audiencia pública por el portavoz del Jurado -lo que ex artículo 62 LOTJ implica que previamente no se consideró procedente su devolución-, las partes en absoluto están impedidas para formular la protesta a la que se refiere el último párrafo del artículo 846 bis c) LECr"; y cosa distinta es que en la hipótesis de que el Magistrado-Presidente hubiese decidido ex artículo 63.1 LOTJ devolver el acta al Jurado, "tendría necesariamente antes que oír a las partes en la forma establecida en el artículo 53 LOTJ, según impone el artículo 63.3 LOTJ", si bien "nada impide a las partes efectuar la oportuna protesta una vez leído el veredicto precisamente por no haberse devuelto, y más cuando los defectos que se le atribuyen alcanzan la notoria categoría de falta de motivación o de existencia de pronunciamientos contradictorios, dicho sea sin perjuicio de apelar incidentalmente a la conveniencia de plasmar legalmente la generalización de la audiencia a las partes y no sólo cuando el Magistrado-Presidente aprecie la concurrencia de alguna circunstancia determinante de la devolución del acta al Jurado".

La ley, podemos leer en la STS 454/2014, de 10 de junio, en línea con la STS 303/2013, de 22 de marzo, parte con muy buen criterio de que "los defectos que pueden subsanarse en la instancia deben quedar subsanados en la misma" y "no puede resultar favorecido por la nulidad, bien quien contribuyó a ella, bien quien pudo evitarla y no lo hizo. La exigencia de protesta previa no es un mero requisito de forma del que pueda decirse que incurre en formalismo. Si se exige su aplicación con rigor técnico, es porque se trata de un requisito que hace al correcto desarrollo del proceso, pretendiendo evitar declaraciones de nulidad que desmerecen en el concepto público la sentencia".

2. En todo caso, habrá de tenerse por rotundamente rechazable e inocuo el antes avanzado propósito del recurrente de desgranar a lo largo de 30 (treinta) páginas la prueba practicada -y sobremanera la no practicadaa fin de sustituir sin más la valoración probatoria del Jurado por la propia cuando ni tan siquiera se denuncia como resulta exigible la existencia de error en la valoración de la prueba derivado de documento alguno o de una pericial documentada con virtualidad propia para evidenciarlo ex artículo 849.2.º LECRIM, o como si fuese posible el prescindir de la valoración de pruebas de indudable carácter personal efectuada por el Jurado o de comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal a quo y la que sostiene la parte que recurre (a propósito de lo últimamente expuesto, SSTS 176/2016, de 2 de marzo, y 524/2017, de 7 de julio; junto con las SSTSJG 12/2018, de 7 de marzo, y 3, 10 y 14/2019, de 14, 25 y 31 de enero, respectivamente).

En este sentido, nos vemos obligados a tener que insistir, por enésima vez, en lo expuesto por esta Sala de manera continua en armonía con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (por todas, SSTSJG 3/2009 de 20 de mayo, 1/2011, de 28 de enero, 1/2016, de 16 de febrero y 14/2019, de 31 de enero), conforme a la cual debemos de rechazar de plano los motivos de apelación en los que la puesta en cuestión de la valoración probatoria del Jurado se efectúa al margen de la denuncia de existencia de error derivado de documento alguno o de una pericial documentada, única e inequívoca, concluyente en sus resultados o con virtualidad per se para evidenciarlo, ya que, en otro caso, este Tribunal carece de competencia -igual que sucede con el Tribunal Supremo- para valorar la prueba personal practicada; valoración que corresponde de manera exclusiva y excluyente al Tribunal a quo ex artículo 741 LECRIM, con raíz y razón de ser en el principio de inmediación.

Es más: a esta Sala no le corresponde comparar la valoración probatoria efectuada por el Tribunal a quo y la que sostiene la parte que recurre, sino "comprobar la racionalidad de aquélla y la regularidad de la prueba utilizada"; en consecuencia, y señaladamente, "salvo que se aprecie la existencia de un razonamiento arbitrario o manifiestamente erróneo -lo que desde luego no es el caso como luego se dirá-, no es posible prescindir de la valoración de pruebas personales efectuada por el Tribunal que ha presenciado directamente la práctica de las mismas" ( SSTS 176/2016, de 2 de marzo, y 524/2017, de 7 de julio, entre tantas otras).

3. A su vez, y por innecesario igualmente que resulte, bastará con recordar de nuevo con la STSJG 12/2018, de 7 de mayo, la doctrina del Tribunal Supremo que enseña que la presunción de inocencia aparece desvirtuada si existió "una suficiente actividad probatoria basada en pruebas válidamente obtenidas y de signo inculpatorio" cuyo contenido fue "metódica y sistemáticamente examinado por el órgano juzgador" ( SSTS 1535/1999, de 3 de noviembre y 1028/2011, de 11 de octubre); y que el control que atañe a la realidad de la actividad probatoria de cargo consiente pregonar la desvirtuación de la presunción de inocencia en la medida en que ésta alcanza únicamente a la total ausencia de prueba ( STS, v.gr., 1095/1999, de 5 de julio). En armonía con semejante discurso argumentativo, el Tribunal Constitucional, v.gr., STC 246/2004, de 20 de diciembre, abunda en que el derecho a la presunción de inocencia, en su vertiente de regla de juicio y en el ámbito de la jurisdicción ordinaria "opera como el derecho del acusado a no ser condenado a menos que su culpabilidad haya quedado establecida más allá de toda duda razonable", como establecida quedó en el caso que nos ocupa, lo que bien se cuida de detallar la sentencia combatida a la luz de un acervo probatorio de cargo sobradamente suficiente para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia (por todas, SSTSJG 6/2015, de 17 de diciembre, y 7/2016, de 29 de noviembre). Al cabo, como dijimos, v.gr., en la STSJG 4/2018, de 24 de enero, lejos de encontrarnos ante un vacío probatorio insuficiente, todos y cada uno de los signos condenatorios de la decisión adoptada por el Jurado se sostienen en una pluralidad de hechos base razonablemente conducentes a la misma, periféricos con la conclusión obtenida, interrelacionados y no desvirtuados por otros indicios contrarios (así, la doctrina del Tribunal Supremo de la que ya dimos cuenta y razón, v.gr., en la STSJG 4/2004, de 4 de mayo).

SEGUNDO: 1. A pesar de lo expuesto en el Fundamento precedente, de por sí suficiente para explicar -en nuestra opinión- el fracaso de los siete primeros motivos del recurso, no dejaremos de subrayar, en línea con la clarificadora STS 532/2019, de 4 de noviembre, y a la sombra de la exhaustiva, minuciosa y fundada sentencia apelada, que el Jurado se pronunció más que razonada y suficientemente -tal y como refleja el acta del veredicto- sobre la imputación al acusado de la muerte violenta de su esposa por asfixia mediante el empleo de un cable de lámpara de mesilla y su estrangulamiento. En concreto, el Jurado estimó acreditados los hechos centrales sobre los que se asienta el juicio de inferencia, a saber, la susodicha muerte violenta de Adoracion y la exclusiva presencia en el lugar de los hechos de su esposo el acusado Amadeo. Hechos base o centrales a los que se unen dos elementos indiciarios de especial valor probatorio: uno, el reconocimiento que el acusado hace en su declaración a preguntas de la defensa -única parte a la que respondió- sobre la existencia de "una discusión por las llaves de la casa" (declaración que ahora, en el escrito de apelación, la propia defensa considera falta de fiabilidad e incluso irrelevante); dos, el estado de la vivienda en la que tuvo lugar la muerte de Adoracion, con todas las puertas exteriores cerradas con llave, lo que haría imposible el acceso a la misma, y con la única posibilidad de abandonar la vivienda, sin usar las llaves, a través del garaje, requiriendo la intervención desde el exterior para a través de los pasadores impedir que la puerta se pudiese abrir desde el exterior. Es decir, como precisa el Magistrado-Presidente, que la vivienda se encontraba cerrada al exterior y desde dentro solo se podía salir por el portón del garaje, el cual, al encontrarse cerrado, requería que un tercero lo cerrase por dentro una vez abandonada la vivienda (vid. Páginas 23 a 25 de la sentencia apelada).

A un tercer indicio atienden los Jurados: en la habitación en la que se halló el cadáver de Adoracion, así como "en la lámpara, la bombilla, y en la ropa que portaba" fueron encontrados "restos biológicos" correspondientes a su perfil genético y al del acusado; mientras que, por el contrario, el Jurado excluye la intervención de una tercera persona, al reflejar que no hay constancia de su presencia en la vivienda ni que pudiera, por lo tanto, cometer el crimen.

2. Partiendo, así pues, de la muerte violenta de Adoracion por asfixia (a través del empleo sucesivo de un cable, de fuerza física sobre el cuello y de la comprensión de la cabeza sobre la almohada), así como de la discusión derivada de la solicitud por el acusado de las llaves de la vivienda para poder salir (según el mismo reconoció), el Jurado atribuye a Amadeo la causación de aquélla (aunque no por ello asegura -frente a lo sostenido por el recurrente- que la mencionada "discusión" se erige en móvil de la muerte violenta de Adoracion , sino que -simplemente- el Jurado la refleja como determinante del inicio de los hechos que condujeron a la misma), y al tiempo excluye la participación de un tercero. El Jurado, en efecto, da por probada la presencia de Amadeo en el interior de la vivienda, en concreto en una habitación del piso inferior, "semidesnudo, con la camiseta ensangrentada, con un cuchillo en las manos, autolesionándose en el cuello" y diciendo "eu non fixen nada" ("yo no hice nada"); actitud esta del acusado que para los Jurados evidencia el conocimiento de lo que había sucedido, y más, si cabe, al no referir en momento alguno la intervención, ni tan siquiera la presencia de una tercera persona en el lugar de los hechos, por lo demás absolutamente descartada al no aparecer en los autos indicio alguno que permita ubicar en la vivienda a un tercero.

Es más. Tal y como destacan los Jurados (cfr. la explicación que ofrecen acerca de la declaración como probados de los hechos tercero y sexto del objeto del veredicto), las pruebas genéticas y de ADN -al igual que "la situación de la vivienda, el estado en que se encontraba Amadeo, la actitud de este mismo y todos los objetos hallados en la casa (...), así como la totalidad de las pruebas testificales y periciales (...)- "sitúan únicamente a Amadeo y a Adoracion en la escena del crimen". Cierto que los Jurados dan a su vez como probado (hecho séptimo del veredicto), que "en las uñas de Adoracion " fueron hallados "restos biológicos de varón de identidad desconocida", pero no es menos cierto, aunque sí más decisivo, que como apunta el Magistrado-Presidente "nos encontramos ante un único indicio, frente a la multiplicidad de indicios que afirman la presencia del acusado en la escena del crimen. A ello añadimos, que como afirma agente con TIP NUM001 "el hallazgo de otro ADN podía ser casual de un resto que quedó de un contacto con otra persona", o como matizan los peritos NUM002, NUM003 y NUM004 del servicio de biología, "no se puede establecer cómo han llegado, no se puede saber", insistiendo a la defensa, "al recibir el raspado de uñas de Adoracion se halla un perfil genético mezcla de Adoracion, Amadeo y un varón desconocido. No se puede establecer la permanencia de este perfil. No se puede establecer desde cuanto está presente".

No se olvide, en fin, que la autoría de los hechos por un tercero se descarta por el Jurado dada la situación de la vivienda y la inexistencia de indicios de que otra persona se pudiera encontrar en ella, por lo que -como concluye en este punto el Magistrado-Presidente- el hallazgo de restos biológicos en las uñas de Adoracion -que efectivamente bien podía ser casual- "sin otro sustento carece de la fuerza indiciaria suficiente para sostener una alternativa al veredicto del Jurado", al igual que de dicha fuerza carece el otro argumento esgrimido por el recurrente a la hora de sustentar su versión exculpatoria, a saber, la incapacidad del acusado para desarrollar funciones ejecutivas, lo que, como también subraya el Magistrado- Presidente, "no sostiene por sí que no haya podido cometer el hecho, pues ninguno de los peritos que intervinieron en el plenario afirmaron la imposibilidad psíquica del acusado para cometer el hecho".

TERCERO:1. El motivo octavo del recurso que analizamos se ampara tanto en la letra b) como en la e) del artículo 846 bis c) LECRIM a los efectos de denunciar la infracción de los artículos 24.1 y 120.3 CE junto con la del articulo 101.1 CP toda vez que, según aduce el recurrente, la decisión de acordar el internamiento del acusado en un centro psiquiátrico penitenciario carece de motivación o, al menos, las causas expuestas por el Magistrado-Presidente del Jurado para adoptarla no constituirían en sí mismas motivación, amén de no ser racional esa cuestionada decisión, en particular por lo que hace al internamiento de un exento penal por enfermedad en un centro penitenciario, postulando -en definitiva- que el internamiento en cuestión tenga lugar en un psiquiátrico no penitenciario puesto que -se afirma- la enfermedad de Amadeo no es psiquiátrica, sino neuronal, aunque -según reconoce el propio recurrente- "con facetas psiquiátricas", lo que con mayor fundamento incluso precisaría de un "Geriátrico con atención de enfermedades neuronales", si no de "un tratamiento ambulatorio geriátrico", siempre bajo la supervisión del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

El alegato del recurrente que acabamos de sintetizar parece no reparar suficientemente en que la medida de seguridad es una decisión judicial, no médica ni terapéutica, explicable en el contexto de las garantías del

proceso penal, no solo en el momento de su adopción tras la celebración del juicio oral que permita acreditar la concurrencia de sus presupuestos inexcusables ( artículo 3.1 CP), sino también en fase de ejecución ( artículo 3.2 in fine CP ), para decidir sobre su mantenimiento, cese, sustitución o suspensión ( artículos 97 y 98 CP);

aspecto este último que el propio Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado tiene en cuenta al reconocer que la concreta medida de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario adoptada por él lo es "sin perjuicio de que su evolución posterior (la del acusado) aconseje" su modificación.

Es, pues, al Juez o Tribunal de que se trate al que corresponde decidir, previos, eso sí, "los informes que estime convenientes" ( artículo 95.1 CP). Informes en cualquier caso carentes de efecto vinculante (insistimos en que la decisión sobre la medida de internamiento privativo de libertad del declarado exento de responsabilidad criminal ex articulo 20.1.º CP es exclusivamente judicial); y decisión que precisamente por ser judicial deberá estar motivada y orientada a una doble finalidad: "a) la protección de la sociedad frente a los riesgos que represente el afectado por la medida, y b) la protección del propio afectado destinatario del tratamiento médico-terapéutico, en la medida en que puede servir para controlar sus impulsos criminales y hacer una vida normalizada" (por todas, STS 482/2010, de 4 de mayo).

2. En particular, por lo que se refiere al supuesto enjuiciado, ha de destacarse que a partir a) del hecho declarado probado por el Jurado conforme al cual " Amadeo se encontraba afectado por una demencia frontotemporal con un deterioro grande de las funciones cerebrales superiores, con rigidez y falta de flexibilidad del pensamiento y alteraciones de la conducta, las emociones y la afectividad. Dolencia que le fue detectada durante su estancia en Suiza y que determinó diversos ingresos hospitalarios en el área de psiquiátrica del CHUO. El 18 de enero de 2017 es trasladado de nuevo a urgencias del CHUO, se había subido al tejado del domicilio conyugal, sito en la CALLE000 n.º NUM000 de O Carballiño, permaneciendo en el mismo durante más de cinco horas hasta que finalmente su hermano lo convenció para que se bajara"; b) de la explicación ofrecida por los propios Jurados al respecto: "consideramos probada la demencia fronto-temporal por todas las pruebas médicas aportadas en el juicio, ya que existen multitud de informes que así lo corroboran; así como el incidente del tejado, en base a las declaraciones de los testigos presentes el día del incidente" (a las que añaden los informes de los cinco forenses); así como partiendo c) del pronunciamiento del propio Jurado en el sentido de que "El grado de afectación mental derivado de la existencia de una demencia fronto lateral debe ser tenido en cuenta como una circunstancia que le exime de responsabilidad penal", la sentencia impugnada aprecia la eximente completa de responsabilidad penal -invocada por la defensa y acogida por el Ministerio Fiscal- consistente en la enajenación mental subsumible dentro del articulo 20.1.º CP, determinante a un tiempo de la absoluta inimputabilidad y de la absolución del acusado. De ahí, entonces, que el Magistrado Presidente, ex artículos 76, 95.1, 96.2 y 101.1 CP, considere procedente aplicar la medida de internamiento en centro psiquiátrico penitenciario por el tiempo máximo de 14 años, pues "aun cuando -reconoce- este tipo de enfermedades, demencia fronto-lateral, se someten a tratamiento en centros geriátricos", es lo decisivo para adoptar dicha medida "el hecho violento que dio lugar a estas actuaciones, y que según informa la doctora Visitacion no era previsible, no impide la reiteración de conductas semejantes," a lo que se suma "la gravedad de la conducta enjuiciada" y "el estado actual del acusado".

La decisión, en definitiva, del Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, con todas sus reservas, además de incardinarse debidamente en los preceptos que se citan, entre ellos los denunciados como infringidos, se acomoda y encuentra su respaldo en la jurisprudencia recaída en torno a supuestos de anomalías psíquicas y delitos de gravedad equiparable al del presente homicidio. Así, por ejemplo, en la más reciente STS 526/2018, de 5 de noviembre, el Alto Tribunal, ante un caso de homicidio consumado con apreciación de la eximente completa de alteración psíquica e internamiento en centro psiquiátrico penitenciario, expone que "es patente que estamos ante un acusado que ha matado a una persona" (y ha estado a punto de matar a otras dos), "sin que en su conducta hubiera ningún motivo de animadversión o enconamiento previos contra las víctimas, estando pues motivada su conducta únicamente por su grave enfermedad mental" (al igual que el acusado Amadeo, del que consta acreditado, hecho primero del objeto del veredicto, que llevaba casado 35 -treinta y cinco- años con Adoracion, "manteniendo una relación de afectividad sin la presencia de conflictos conocidos.

No existieron episodios de violencia de género, manteniendo siempre una relación cordial ").

Todo ello significa, continúa la sentencia, que "el grado de peligrosidad puesto de relieve por el recurrente con sus actos homicidas es muy elevado, lo que determina que la medida a imponer tiene que ser exquisitamente seleccionada para controlar los gravísimos riesgos que genera una persona con unos padecimientos psíquicos que pueden derivar en nuevas conductas agresivas para la vida e integridad de terceras personas" (tal cual se sigue del informe ponderado por el Magistrado-Presidente).

Por lo cual, concluye el Supremo, "no se considera desproporcionado ni desmesurado que el Tribunal de instancia elija un centro en el que, cuando menos en una primera fase, tenga unos medios que permitan un control exhaustivo de los movimientos del acusado sin dejar abierta ninguna opción a una posible fuga de interno que pudiera generar nuevos daños personales irreparables para cualquier ciudadano que estuviera en su radio de acción. Todo ello sin perjuicio de que, según vaya transcurriendo el tiempo, se modifique el Centro de internamiento mediante el procedimiento establecido en los arts. 97 y 98 del C. Penal, a resultas de la evolución de la enfermedad del acusado" (tal y como, a su vez, sabemos que prevé el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado).

3. Por lo demás, mal que bien podemos acoger como argumentos a favor de la tesis del recurrente el hecho de que el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado haya acordado la libertad del acusado durante la tramitación de los recursos interpuestos contra la sentencia por él dictada, así como deducir testimonio para que el correspondiente Juzgado de Familia inicie de modo urgente el expediente de internamiento involuntario previsto en el artículo 763 LEC: la sentencia aquí recurrida, como expone el mismo Magistrado-Presidente en el auto de 14 de agosto de 2019 en el que adopta dichos acuerdos, contiene un pronunciamiento absolutorio, por lo que "mientras no alcance firmeza no puede darse cumplimiento a la medida de seguridad impuesta en la misma, pero tampoco puede sostenerse el mantenimiento de la situación de prisión provisional en la que se encuentra el Sr. Amadeo, pues ya no concurren los requisitos que motivaron la adopción de la medida", sin perjuicio de que, como se sigue de la STC 84/2018 que se cita, "la sustitución de la medida de prisión provisional, en la que actualmente se encuentra, por una medida cautelar de reclusión en un establecimiento de salud mental, solo puede ser impuesta por el juez competente, en este caso, el juez civil de familia" CUARTO: El motivo noveno y último del recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado no es tal. En efecto, so pretexto de nuevo de la pretendida vulneración de la presunción de inocencia, el recurrente persigue que la Sala se pronuncie en este trámite sobre el alcance de al menos ocho "elementos no investigados" en fase de instrucción, lo que, amén de resultar harto extraño a aquel derecho, bien pudo tratar de ser paliado por el recurrente en el marco de las diligencias de investigación mencionadas en el artículo 27 LOTJ, y desde luego suscitado en el seno de las cuestiones previas del artículo 36.1 LOTJ, dicho sea todo ello al margen de la esencial y abundanete prueba practicada en el acto de la vista, recogida con la minuciosidad a la que ya nos hemos referido por el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado en las páginas 6 a 13 de la sentencia por él dictada, a las que nos remitimos. En último término, las consideraciones vertidas por el recurrente en torno a la actuación instructora y en particular sobre su particular valoración acerca de determinadas diligencias de investigación no practicadas por el Juez de Instrucción, no constituyen más que una reiteración del alegato desarrollado en los siete primeros motivos del recurso.

QUINTO: Las costas procesales del recurso se imponen al recurrente ex artículo 240.2.º LECRIM.

En atención a lo expuesto, en nombre de S. M. el Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S

1.º Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del acusado Amadeo contra la sentencia dictada el 18 de julio de 2019 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense en el Procedimiento del Tribunal del Jurado 40/2018.

2.º Condenar al mencionado recurrente al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra ella pueden interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, preparándolo en esta Sala de lo Civil y Penal dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación que se haga de la misma, incluida la del acusado en su persona.

Así se acuerda y firma.